Los libertarios apuran reformas de última hora antes que se venzan las facultades delegadas

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, opera a contrarreloj para determinar las últimas decisiones a adoptar en el marco de la emergencia pública establecida por la Ley Bases, que vence este 9 de julio, feriado nacional, tras un año de vigencia. Con solo dos días por delante, el Gobierno acelera la publicación de decretos para concretar reformas.

Entre las iniciativas más avanzadas está la actualización de la Ley de Inversiones Mineras de 1993. En tal sentido, se busca agilizar procesos al eliminar la necesidad de certificados detallados de contribuciones tributarias, como establecía el artículo 10, reemplazándolos por un régimen más dinámico con plazos claros y menos requisitos burocráticos. “La idea es que de ahora en más, todo el régimen sea más ágil, que haya tiempos para expedirse y que ya no existan miles de requisitos y formularios”, destacan fuentes oficiales, señaló el diario La Nación.

En el ámbito financiero, un decreto modifica el régimen de las Letras de Liquidez (LEFI) emitidas por el Tesoro, que hasta ahora servían como referencia de tasas de interés para los bancos, con un rendimiento anual aproximado del 33%. “Ese instrumento era la única referencia de tasa de interés que quedaba”. Con esta reforma, el Tesoro no renovará estas letras, obligando a los bancos a redirigir sus activos líquidos hacia otros instrumentos, como las Lecaps, que operan con rendimientos de mercado. Esto incluye un canje entre el Tesoro y el Banco Central para reestructurar las tenencias.

Otros sectores a modificar

El sector del transporte también está en la mira. Desde hace meses, el Gobierno trabaja en una reestructuración que podría implicar la disolución o reforma profunda de organismos como Vialidad Nacional, Corredores Viales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad en el Transporte. En el ámbito aéreo, se evalúan cambios en el Organismo Nacional de Regulación de Aeropuertos (Orsna), la Administración Nacional de Aviación Civil, la Junta de Investigación de Accidentes y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana). Sin embargo, la complejidad de convenios internacionales y tratados ha frenado estas iniciativas, haciendo difícil concretarlas antes del fin de la emergencia.

En paralelo, el Gobierno enfrenta desafíos para reformar organismos como el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Aunque la intención inicial era fusionarlos, el objetivo se redujo a disminuir cargos jerárquicos, como los 932 puestos de jefes en el INTA. En salud, se planea unificar o desmantelar institutos, siguiendo el ejemplo del cierre del Instituto de Estudios Juan Domingo Perón en el área cultural.

La clave de estas reformas radica en el artículo 3 de la Ley Bases, que otorgó al Ejecutivo facultades para “disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” y modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades innecesarias, así como reorganizar, fusionar o transferir organismos a provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque algunos funcionarios sostienen que estas facultades podrían seguir vigentes por no tener una temporalidad explícita, la mayoría reconoce que la emergencia y las delegaciones asociadas expiran este 9 de julio.

Con el reloj en contra, Sturzenegger enfrenta el desafío de cerrar esta etapa de desregulación. Aunque nadie duda de su continuidad como ministro, algunos especulan que, sin las amplias facultades de la Ley Bases, podría asumir nuevas responsabilidades en otras áreas del Gobierno. Mientras tanto, el Ejecutivo apura los últimos decretos para dejar su marca antes de que el marcador llegue a cero.